VOTO SALVADO RAZONADO DE VANGUARDIA POPULAR ANTE LAS DECISIONES TOMADAS POR LA MESA DE UNIDAD DEMOCRÁTICA EN MATERIA DE SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS DE LA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA A LA ASAMBLEA NACIONAL Y AL PARLAMENTO LATINOAMERICANO
La representación del partido Vanguardia Popular ante la Mesa de Unidad Democrática hace constar su VOTO SALVADO respecto del Acuerdo Nacional aprobado por la mayoría de los miembros de ésta, en su reunión extraordinaria del pasado viernes 23 de abril de 2010, mediante el cual se seleccionaron los candidatos y candidatas que habrán de representar a las fuerzas democráticas en las elecciones de la Asamblea Nacional y el Parlamento Latinoamericano, a celebrarse el próximo 26 de septiembre del año en curso.
Esta posición, que involucra la valoración general y de conjunto de la formula unitaria nacional aprobada, así como los procedimientos utilizados para hacerlo, se sustenta en la consideración de que la misma constituye un grave desconocimiento de los acuerdos y reglamentos aprobados por la Mesa de Unidad Democrática (MUD), para que sirvieran de marco normativo a la decisión de un asunto de tanta importancia y trascendencia, al tiempo que delicado y complejo. El resultado final ha sido la imposición de un ostensible e inaceptable desbalance, favorable básicamente a tres partidos de la alianza (AD, UNT y PJ), en detrimento del resto de los factores, partidistas o no, y en desmedro de la promesa de ofrecer al electorado venezolano una propuesta genuinamente unitaria, plural, diversa e integradora, conformada por los mejores candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional y el Parlamento Latinoamericano; todo esto de conformidad con el objetivo de ganar dichas elecciones para producir un giro en la orientación que sigue el país bajo la égida del régimen chavista.
EL CONTEXTO GENERAL
Venezuela vive una hora aciaga como consecuencia de la acción de un régimen despótico de naturaleza autocrático-militarista, que ha exacerbado el capitalismo de Estado monoproductor, dependiente y rentista que el país padece desde hace casi un siglo, y cuyos rasgos más característicos son: el autoritarismo y la arbitrariedad, que cercenan las libertades democráticas y los derechos del pueblo; la ineptitud en la gestión pública, que afecta gravemente las condiciones de vida y trabajo de nuestros compatriotas; y la corrupción y el despilfarro de los dineros públicos, que dilapida los ingresos fiscales y enriquece groseramente a las nuevas élites gobernantes. Todo ello llevado a cabo con la mayor impunidad, amparado en el control absoluto de todos los poderes del Estado y sustentado en un discurso demagógico que cabalga sobre el reclamo de cambios y transformaciones de las grandes mayorías sociales del país.
En este marco, apenas enunciado esquemáticamente en sus aspectos más visibles, las elecciones parlamentarias del próximo 26 de septiembre constituyen, después del Referéndum Constitucional del pasado 2 de diciembre de 2007, el acontecimiento político más importante de nuestra historia reciente, cuyos eventuales resultados determinarán en buena medida la suerte del país en el futuro inmediato. El desarrollo por parte del gobierno de medidas autoritarias, inconstitucionales e ilegales, que a todas luces desconocen la voluntad popular expresada en tales eventos, así como la grave crisis de los servicios públicos y, en general, el deterioro sostenido de la calidad de vida del pueblo; entre otras muchas cosas, han estimulado el incremento del descontento y la conflictividad social, y la configuración de una conciencia nacional que cada vez más se va convirtiendo en mayoría que reclama con urgencia un cambio sustancial en el actual estado de cosas.
Frente a esto, las diversas y disímiles fuerzas que hemos venido enfrentando los despropósitos del régimen dimos un paso fundamental al constituir la Mesa de Unidad Democrática, en la dirección de conformar una gran alianza política y social que se empine por encima de nuestras naturales diferencias y que sortee la grave dispersión y desarticulación que ha caracterizado nuestra situación en los últimos tiempos. Dicha alianza es un pacto político de largo alcance y no un mero acuerdo electoral de tipo circunstancial, que se amalgama en el proceso de construcción colectiva de una estrategia de poder de naturaleza democrática orientada a producir los cambios que el país demanda, en un proyecto programático de gran aliento para hacer posible dichos cambios y en una táctica política que busca atender los distintos frentes que la situación impone, principalmente el de las luchas sociales en curso y el de las consultas electorales pendientes. Se trata de una táctica de crecimiento cuyo propósito es, o debe ser, construir una nueva mayoría social y política orientada a conquistar el poder para abocarse a la trascendental tarea de la recomposición democrática de la sociedad venezolana, y al reto de superar la pobreza en paz y en democracia. En este sentido, para Vanguardia Popular la unidad es un valor superior preponderante en la circunstancia actual y un clamor nacional al que estamos obligados a atender.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Enmarcado en las consideraciones hechas, la Mesa de Unidad Democrática acordó encarar el reto de participar en las elecciones parlamentarias con una política de alianza perfecta (todos los partidos y grupos de electores postulamos los mismos candidatos para los mismos cargos a fin de evitar la dispersión del voto) cuyo objetivo es ganar la mayoría en la Asamblea Nacional. A los fines de construir dicha alianza se estableció que los métodos serían los Acuerdos Unitarios y las Elecciones Primarias, para lo cual aprobamos los respectivos reglamentos que debían regir la selección de candidatos y candidatas.
No obstante lo anterior, el acuerdo unitario nacional votado por la mayoría de la MUD vulnera sensiblemente los principios y criterios rectores establecidos en el reglamento aprobado el 09-12-09, cuyo contenido parcial transcribimos textualmente:
“Art. 1º. Los acuerdos unitarios:
a) estarán inspirados en los principios de equidad, proporcionalidad, amplitud, inclusión y sentido de responsabilidad.
b) Serán el resultado de la más amplia y eficaz consulta con todos los sectores nacionales y regionales que representan la pluralidad de las fuerzas democráticas.
c) Tendrán carácter nacional, en el sentido de que se privilegiará el logro de un gran acuerdo integral de alcance nacional.
Estos principios deben en todo caso orientar la aplicación e interpretación del método de Acuerdos Unitarios aquí reglamentado.
Art.2º. En aplicación de los mencionados principios y criterios, la escogencia de los candidatos unitarios se basará en una apropiada y balanceada combinación de los siguientes componentes, aplicados en todo caso de un modo que refleje, sin exclusiones, la diversidad del país democrático.
a) Representación de las diversas fuerzas políticas a nivel nacional y regional, usando como primer criterio de ponderación para evaluar el peso de cada una, las proporciones resultantes del porcentaje de los votos obtenidos en los comicios del 23N de 2008;
b) Representación apropiada de liderazgos regionales y locales reconocidos de individualidades independientes o militantes de partidos, es decir candidatos naturales;
c) Participación razonable de los partidos políticos y grupos de electores con menor votación en las mencionadas elecciones de 2008, en la integración de las propuestas unitarias, sin exclusión, en atención a su significación para los logros unitarios y electorales planteados;
d) Consideración apropiada de las situaciones de hecho resultantes de la dinámica política y de la nueva realidad del país;
e) Representación adecuada de individualidades independientes, sin militancia partidista o representantes de organizaciones reconocidas de la sociedad civil, cuya selección sea el resultado de la aplicación de los métodos adoptados…”
LOS HECHOS
Es evidente, a la luz del Acuerdo Nacional aprobado, que ambos artículos, esenciales para la selección de las candidaturas, fueron desconocidos arbitrariamente y, en todo caso, aplicados de un modo discrecional y acomodaticio, produciendo como resultado lo siguiente:
1)) Se configura un Acuerdo Nacional absolutamente desproporcionado en el que básicamente tres partidos (AD, UNT y PJ) acaparan la gran mayoría de los cargos a elegir, entendiendo por éstos no sólo y no tanto las postulaciones a cargos principales, ya en listas como en circuitos, sino también, y sobre todo, aquellos que claramente tienen mayores probabilidades de resultar ganadores, de acuerdo con las correlaciones de fuerzas existentes en cada caso.
2)) Importantes liderazgos regionales y locales, militantes o no de partidos políticos, quedan casi totalmente excluidos, o sólo fueron postulados para cargos cuya misión es, a la luz de las realidades político-electorales concretas, la de potenciar el voto lista, cuyo espacio ha sido copado por los representantes de la hegemonía impuesta. Dicho de otra manera, la tarea asignada a los liderazgos regionales es, en la mayoría de los casos, la de “arrastrar” el voto lista para que, quienes no tienen tal liderazgo, pero sí partidos que circunstancialmente obtuvieron más votos en el último proceso electoral, cabalguen sobre el prestigio y/o la popularidad de aquéllos. Obviamente, ni ésta ni el resto de consideraciones que haremos, tienen carácter absoluto. Hay importantes y honrosas excepciones, como las de Andrés Velásquez en Bolívar o la de Alfredo Ramos en Lara; que, sin embargo, contrastan con la suerte vivida por Enrique Mendoza en Miranda, Fabiola Colmenares en Vargas, o José Gregorio “Goyo” Graterol en Falcón; por citar algunos ejemplos.
3) Los sectores independientes, personalidades o representantes de la sociedad civil organizada también se han visto minimizados sensiblemente en su representación, y en muchos casos relegados a jugar un papel análogo al señalado en el punto anterior: al de sectores que prestigian la formula, le dan la sensación de amplitud y contribuyen a potenciar el voto lista. Claro que debemos sentirnos honrados con la presencia de Antonio Ecarri y Mario Villegas en los acuerdos de Caracas, por ejemplo; tanto como debemos lamentar la ausencia de Juan Carlos Apiz o de Rafael Veloz, por citar sólo dos casos; así como rechazar el papel secundario asignado al profesor Verney Frontado en Amazonas, o la exclusión del profesor William Briceño en Mérida.
4) La representación de sectores sociales importantes también se ve reducida a su mínima expresión. Al margen de la militancia o no en partidos, es visible la ausencia casi total de candidatos vinculados al mundo de la intelectualidad, la Academia o el campo cultural; de los gremios profesionales o del campo sindical; del sector que defiende los derechos humanos; del movimiento juvenil o estudiantil; del sector de las mujeres; entre otros. Nuevamente habrá que decir que la crítica no tiene carácter absoluto. Sólo sostenemos que dicha representación no guarda la proporción adecuada, como se desprende del espíritu del reglamento aprobado, y que, en ese contexto, para decirlo con una frase manida, “no están todos los que son ni son todos los que están”.
5) Lo que el reglamento señala como “situaciones de hecho resultantes de la dinámica política y de la nueva realidad del país” (art.2º. Literal D) tampoco fue considerado debidamente. Destaca el caso del movimiento Voluntad Popular liderado por Leopoldo López, cuya significación política y ascendencia sobre la sociedad democrática del país, mas allá de Caracas y Miranda, es un hecho reconocido por todos, pero quienes no habiendo participado en el proceso electoral anterior (por cuanto para entonces no se había constituido como movimiento), no podía ser valorado con base en sus votos. Siendo esto así, y como quiera que el criterio que unilateralmente se impuso fue el de la votación obtenida en el último proceso, sus candidaturas fueron casi todas negadas, con la excepción de Hernán Nuñez (principal nominal) en Sucre o Luis Florido (tercero en lista) en Lara, cuyas postulaciones son ciertamente principales pero no necesariamente salidoras.
6) Los partidos minoritarios integrantes de la MUD, que de conjunto representamos al menos la mitad de la misma (ocho de sus 16 miembros, según el criterio que se pueda aplicar) fueron casi totalmente desconocidos a los efectos de las postulaciones a cargos principales y, aún más, a cargos con alguna posibilidad de ganar. Tal vez para entender mejor la significación de este hecho sea necesario recordar que el proceso de conformación de la MUD es el resultado de la continuidad de esfuerzos unitarios anteriores, y de coincidencias políticas que son independientes de cualquier valoración acerca del tamaño o el peso electoral de las organizaciones representadas. No obstante, no es un hecho fortuito que, con la excepción del caso de Voluntad Popular, por las razones antes señaladas, los restantes 15 partidos somos, a la vez, los de mayor votación en el último proceso electoral. De este modo, la ponderación nacional del voto de cada uno de estos factores, expresamente convenida en atención al literal (c) del artículo 1º, en concordancia con el literal (c) del artículo 2º, claramente permitía que los partidos minoritarios, en justicia y con derecho, se vieran representados con una postulación principal en un espacio con posibilidad ganadora. En realidad, con la sola excepción de Vanguardia Popular, todos los demás habrían podido obtener dos o más postulaciones. No obstante, todos habíamos convenido en que, en aras de la amplitud y para facilitar el cumplimiento de lo pautado en el artículo 2º del reglamento, limitábamos nuestro requerimiento a una sola diputación principal salidora.
La respuesta a tal demanda, correspondiente a la aplicación respetuosa del reglamento acordado, así como a las resoluciones tomadas por la MUD en tal sentido, fue que casi todos (con la excepción de la Causa R, por razones obvias y, con matices distintos, BR) fuimos relegados a cargos suplentes y no todos en espacios que se consideren ganadores. En otras palabras, una alianza que aspira a ganar la mayoría en la Asamblea Nacional (o sea que no está pensando en menos de 83 diputados), no tuvo otra cosa que ofrecer a los partidos minoritarios más que una diputación suplente (suponiendo que todas fueran salidoras, cosa no es cierta), como reconocimiento a su peso electoral, a sus contribuciones al proceso unitario y a la valoración cualitativa de su papel y al de sus líderes en este proceso, mucho más allá de las contingencias electorales, y de cara a una gestión parlamentaria que desde ya se anuncia compleja, difícil y exigente al máximo.
Todo esto se realiza, no obstante, en nombre de la unidad; al mismo tiempo que se reivindica el papel de los partidos en el proceso de recuperación y fortalecimiento de la democracia, en oposición al proyecto totalitario del régimen y a una corriente que, estimulada por los poderes fácticos, insiste en promover la antipolítica y el antipartidismo. Es claro, entonces, que cuando los beneficiarios de este acuerdo nos hablan de fortalecer los partidos, en realidad están hablando de fortalecer sus partidos, mientras buscan cerrarle el paso al desarrollo de otras expresiones políticas que, al menos en nuestro caso, encarnamos intereses sociales distintos.
7) En torno al Parlamento Latinoamericano, a estas alturas hay poco que decir. Sencillamente se produjo un reparto de cuotas exclusivamente entre un grupo de partidos y sin otra consideración que la aplicación discrecional del literal (a) del artículo 2º del reglamento. De esta manera, todo lo aquí señalado en forma desglosada aparece ahora reproducido con agravantes en la integración de una propuesta que, sin embargo, ni siquiera hace justicia plena y coherente al criterio único que fue tomado para decidir el caso.
A estos resultados se llega a través de los siguientes procedimientos:
a) Contra todo el contenido y el espíritu del artículo 1º del reglamento citado (particular mas no excluyentemente el literal C), desconociendo el contenido esencial del artículo 2º del mismo, y aplicando unilateral y excluyentemente el literal (a) de este último, en detrimento de los otros criterios establecidos en los literales que lo desarrolla; se procedió a construir primero acuerdos regionales que fueron copando los espacios disponibles para el armado de la propuesta nacional (la así llamada “maqueta nacional”), siempre en favor de la hegemonía impuesta. De este modo, se fue cerrando la posibilidad de que la MUD, en atención a lo señalado en el citado reglamento, pudiese estructurar una propuesta que, de conjunto, expresara lo más fielmente posible el cumplimiento del compromiso contraído por unanimidad. En pocas palabras, lo que debía ser un “acuerdo integral de alcance nacional” se convirtió en la sumatoria de acuerdos regionales construidos con base en la aplicación de un solo criterio (el de los votos obtenidos en las elecciones regionales de 2008), en desconocimiento consciente del resto de criterios acordados.
Pero este procedimiento no debe confundirse con el necesario espíritu de amplitud y democracia que favoreciera el debate y la consulta con los liderazgos y fuerzas expresados regionalmente, en función de tomar decisiones que al menos se esforzaran al máximo por colocarse en sintonía con el sentimiento, las expectativas y las proposiciones venidas de los distintos estados. No se trataba de auscultar las regiones para verificar los consensos existentes o las tendencias mayoritarias establecidas. Se trataba solo de hacer prevalecer en cada estado la relación de votos registrada en las elecciones de 2008 y de la imposición, por vía de los hechos, de una suerte de poder de veto de tres o cuatro partidos en cada caso, en nombre de sus votos y con apego a la aplicación unilateral del reglamento, por encima de la inmensa mayoría de las organizaciones políticas y/o de la sociedad civil, así como de importantes liderazgos regionales (incluidas en no pocos casos las representaciones regionales de los propios partidos responsables de la situación denunciada). Tales son los casos de Amazonas, Delta Amacuro (no nos referimos a la infeliz iniciativa de proponer a Emery Mata Millán para encabezar la lista en nombre de un mero cálculo electoral, proposición afortunadamente derrotada por la mayoría de la MUD), Vargas, Falcón y Miranda, por solo citar algunos ejemplos.
b) Acompañando coherentemente lo anterior, se procedió a desconocer y disolver, por la vía de los hechos, la Comisión de Acuerdos Unitarios designada por consenso para presentar a la Mesa el proyecto de Acuerdo Nacional a discutir. En su lugar, operó a la sombra la trilogía AD-UNT-PJ, incorporando aleatoriamente a terceros factores según se tratara en cada caso, con la misión de negociar acuerdos bilaterales a destajo, hasta armar un proyecto que les garantizara reunir las condiciones requeridas para aprobar su propuesta. De esta manera, sólo cuando hubieron alcanzado el propósito de imponer su proyecto y reunido 12 votos del total de los 16 factores integrantes de la MUD, procedieron a convocar la reunión de ésta para aplastar literalmente a quienes, por diversos motivos, no convalidamos su actuación. O lo que es lo mismo, quienes no participamos de este proceder fuimos convocados a una reunión cuyos resultados ya se conocían con anterioridad, cuyas resoluciones sustanciales ya habían sido votadas de antemano en un espacio distinto a la Mesa misma como cuerpo colegiado, lo que transformaba tan importante evento en un mero trámite formal, en el que poco importaba lo que pudieran decir aquellos quienes no habían sido tomados en cuenta en sus opiniones, sugerencias y proposiciones.
LAS CONCLUSIONES
Este modo de fraguar el acuerdo es absolutamente irrespetuoso del reglamento aprobado y de las posiciones divergentes expresadas, es violatorio de todas las reglas de funcionamiento y toma de decisiones que nos hemos ido dando en el tiempo, y marcha totalmente a contravía de la manera como hemos ido construyendo, paso a paso, con ponderación y tino, el piso político, estratégico, táctico y programático que sustenta la alianza que resume la MUD. El mismo vulnera sensiblemente la confianza necesaria para la acción coherente y cohesionada que demanda el tenor de los compromisos adquiridos con el país y el pueblo venezolanos, e introduce un denso manto de dudas acerca de la transparencia, la responsabilidad y la consecuencia de los artífices de dicho Acuerdo respecto de importantes y trascendentes compromisos a futuro, en el contexto de lo señalado en el primer aparte de este documento.
No tenemos dudas acerca de que una interpretación y aplicación más integral del reglamento, asociada a la necesaria amplitud y flexibilidad, a la voluntad política de resolver positivamente los problemas, y a procedimientos más institucionales y transparentes, habrían podido evitar el resultado señalado, así como las consecuencias negativas derivadas de todo esto.
Tampoco tenemos dudas de que en el fondo del proceder impuesto está la reiteración en viejas formas de hacer la política que el país ha venido rechazando desde hace largo tiempo, así como el propósito de reforzar la hegemonía de una política y de unos factores que procuran cabalgar sobre el sentimiento unitario que abriga en la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, en función de sacar provecho a su favor. De este modo, se intenta consagrar relaciones asimétricas existentes y otorgar ventajas a quienes de antemano ya la tienen, en detrimento de la aspiración legítima de otros que hemos dado importantes contribuciones en todos los terrenos al desenmascaramiento y enfrentamiento al régimen chavista, al armado delicado y complejo del proceso unitario del cual la MUD una resultante, y al diseño de las políticas que nos han permitido llegar hasta el punto en que hoy nos hallamos colocado.
Al señalar lo anterior, reiteramos lo que al respecto hemos sostenido con franqueza y consecuencia: no ignoramos las asimetrías y desproporciones existentes, ni las explicamos como el producto de métodos subalternos o procedimientos fraudulentos. La fortaleza de unos y la debilidad de otros es la resultante del proceso de gestación y desarrollo de cada proyecto político, así como de la implementación de las políticas y los esfuerzos que cada quien empeña en proporción a sus posibilidades y capacidades, lo cual es, por lo demás, legítimo. La hegemonía que de ello deriva, a su vez, es el producto de correlaciones de fuerzas configuradas a partir de múltiples y complejas variables que favorecen el éxito o fracaso de los distintos factores que convergen en el torrente unitario. De acuerdo con esto, no nos anima la irracionalidad, la pérdida del sentido de las realidades, el desconocimiento de las correlaciones de fuerzas existentes o la intención de empañar los éxitos o minar los acuerdos unitarios. Nos inspira la franqueza para señalar los errores cometidos; la firmeza para denunciar las injusticias o los atropellos; la consecuencia para defender los acuerdos establecidos y las reglas de juego convenidas; y, sobre todo, el compromiso adquirido con el país y el pueblo venezolanos de promover una nueva manera de hacer la política, asociada a la democracia, la amplitud y la inclusión, a la transparencia en el modo de practicarla, y a la reivindicación del contenido profundamente ético, social y democrático que se requiere para su ejercicio cotidiano.
EL VOTO SALVADO
Por todo lo anteriormente expuesto, la representación del partido Vanguardia Popular ante la Mesa de Unidad Democrática, en reivindicación de la autonomía política que nos asiste y que es consustancial a todos los factores de la alianza; en uso del legítimo derecho que tenemos a manifestar formalmente nuestros desacuerdos con las decisiones que eventualmente tome aquélla; y en apego total y coherente al espíritu y letra de los reglamentos acordados para resolver la materia que nos ocupa; queremos dejar constancia de nuestro VOTO SALVADO en la decisión tomada por la MUD respecto de la postulación de los candidatos y candidatas de la alternativa democrática para la Asamblea Nacional y el Parlamento Latinoamericano. De esta manera, queremos poner a resguardo nuestra responsabilidad frente a las implicaciones que dicha decisión envuelve, así como ante sus eventuales consecuencias políticas y electorales a futuro; en razón de lo cual demandamos rectificación urgente de los errores e injusticias cometidos y el restablecimiento inmediato de los acuerdos, normas y procedimientos que han servido de soporte a la edificación del proceso unitario y a la toma de decisiones en los asuntos fundamentales que nos comprometen colectivamente frente al país.
Al asumir con sentido de responsabilidad y firmeza dicha posición, queremos reiterar nuestro indeclinable compromiso con los propósitos y razones que dieron origen a la MUD; con la estrategia democrática diseñada colectivamente en su seno; con las políticas, programas y planes que del mismo modo hemos ido discutiendo y acordando; así como también con los reclamos y esperanzas de un pueblo que cada vez más se desencanta de la estafa chavista cuyo fracaso se ha puesto de manifiesto, frente a lo cual exige y espera del liderazgo democrático una actuación distinta a las funestas prácticas políticas del presente y del pasado.
Caracas, 3 de mayo de 2010
Por el Secretariado Político Nacional de Vanguardia Popular
Rafael Venegas Johanna Pacheco
La representación del partido Vanguardia Popular ante la Mesa de Unidad Democrática hace constar su VOTO SALVADO respecto del Acuerdo Nacional aprobado por la mayoría de los miembros de ésta, en su reunión extraordinaria del pasado viernes 23 de abril de 2010, mediante el cual se seleccionaron los candidatos y candidatas que habrán de representar a las fuerzas democráticas en las elecciones de la Asamblea Nacional y el Parlamento Latinoamericano, a celebrarse el próximo 26 de septiembre del año en curso.
Esta posición, que involucra la valoración general y de conjunto de la formula unitaria nacional aprobada, así como los procedimientos utilizados para hacerlo, se sustenta en la consideración de que la misma constituye un grave desconocimiento de los acuerdos y reglamentos aprobados por la Mesa de Unidad Democrática (MUD), para que sirvieran de marco normativo a la decisión de un asunto de tanta importancia y trascendencia, al tiempo que delicado y complejo. El resultado final ha sido la imposición de un ostensible e inaceptable desbalance, favorable básicamente a tres partidos de la alianza (AD, UNT y PJ), en detrimento del resto de los factores, partidistas o no, y en desmedro de la promesa de ofrecer al electorado venezolano una propuesta genuinamente unitaria, plural, diversa e integradora, conformada por los mejores candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional y el Parlamento Latinoamericano; todo esto de conformidad con el objetivo de ganar dichas elecciones para producir un giro en la orientación que sigue el país bajo la égida del régimen chavista.
EL CONTEXTO GENERAL
Venezuela vive una hora aciaga como consecuencia de la acción de un régimen despótico de naturaleza autocrático-militarista, que ha exacerbado el capitalismo de Estado monoproductor, dependiente y rentista que el país padece desde hace casi un siglo, y cuyos rasgos más característicos son: el autoritarismo y la arbitrariedad, que cercenan las libertades democráticas y los derechos del pueblo; la ineptitud en la gestión pública, que afecta gravemente las condiciones de vida y trabajo de nuestros compatriotas; y la corrupción y el despilfarro de los dineros públicos, que dilapida los ingresos fiscales y enriquece groseramente a las nuevas élites gobernantes. Todo ello llevado a cabo con la mayor impunidad, amparado en el control absoluto de todos los poderes del Estado y sustentado en un discurso demagógico que cabalga sobre el reclamo de cambios y transformaciones de las grandes mayorías sociales del país.
En este marco, apenas enunciado esquemáticamente en sus aspectos más visibles, las elecciones parlamentarias del próximo 26 de septiembre constituyen, después del Referéndum Constitucional del pasado 2 de diciembre de 2007, el acontecimiento político más importante de nuestra historia reciente, cuyos eventuales resultados determinarán en buena medida la suerte del país en el futuro inmediato. El desarrollo por parte del gobierno de medidas autoritarias, inconstitucionales e ilegales, que a todas luces desconocen la voluntad popular expresada en tales eventos, así como la grave crisis de los servicios públicos y, en general, el deterioro sostenido de la calidad de vida del pueblo; entre otras muchas cosas, han estimulado el incremento del descontento y la conflictividad social, y la configuración de una conciencia nacional que cada vez más se va convirtiendo en mayoría que reclama con urgencia un cambio sustancial en el actual estado de cosas.
Frente a esto, las diversas y disímiles fuerzas que hemos venido enfrentando los despropósitos del régimen dimos un paso fundamental al constituir la Mesa de Unidad Democrática, en la dirección de conformar una gran alianza política y social que se empine por encima de nuestras naturales diferencias y que sortee la grave dispersión y desarticulación que ha caracterizado nuestra situación en los últimos tiempos. Dicha alianza es un pacto político de largo alcance y no un mero acuerdo electoral de tipo circunstancial, que se amalgama en el proceso de construcción colectiva de una estrategia de poder de naturaleza democrática orientada a producir los cambios que el país demanda, en un proyecto programático de gran aliento para hacer posible dichos cambios y en una táctica política que busca atender los distintos frentes que la situación impone, principalmente el de las luchas sociales en curso y el de las consultas electorales pendientes. Se trata de una táctica de crecimiento cuyo propósito es, o debe ser, construir una nueva mayoría social y política orientada a conquistar el poder para abocarse a la trascendental tarea de la recomposición democrática de la sociedad venezolana, y al reto de superar la pobreza en paz y en democracia. En este sentido, para Vanguardia Popular la unidad es un valor superior preponderante en la circunstancia actual y un clamor nacional al que estamos obligados a atender.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Enmarcado en las consideraciones hechas, la Mesa de Unidad Democrática acordó encarar el reto de participar en las elecciones parlamentarias con una política de alianza perfecta (todos los partidos y grupos de electores postulamos los mismos candidatos para los mismos cargos a fin de evitar la dispersión del voto) cuyo objetivo es ganar la mayoría en la Asamblea Nacional. A los fines de construir dicha alianza se estableció que los métodos serían los Acuerdos Unitarios y las Elecciones Primarias, para lo cual aprobamos los respectivos reglamentos que debían regir la selección de candidatos y candidatas.
No obstante lo anterior, el acuerdo unitario nacional votado por la mayoría de la MUD vulnera sensiblemente los principios y criterios rectores establecidos en el reglamento aprobado el 09-12-09, cuyo contenido parcial transcribimos textualmente:
“Art. 1º. Los acuerdos unitarios:
a) estarán inspirados en los principios de equidad, proporcionalidad, amplitud, inclusión y sentido de responsabilidad.
b) Serán el resultado de la más amplia y eficaz consulta con todos los sectores nacionales y regionales que representan la pluralidad de las fuerzas democráticas.
c) Tendrán carácter nacional, en el sentido de que se privilegiará el logro de un gran acuerdo integral de alcance nacional.
Estos principios deben en todo caso orientar la aplicación e interpretación del método de Acuerdos Unitarios aquí reglamentado.
Art.2º. En aplicación de los mencionados principios y criterios, la escogencia de los candidatos unitarios se basará en una apropiada y balanceada combinación de los siguientes componentes, aplicados en todo caso de un modo que refleje, sin exclusiones, la diversidad del país democrático.
a) Representación de las diversas fuerzas políticas a nivel nacional y regional, usando como primer criterio de ponderación para evaluar el peso de cada una, las proporciones resultantes del porcentaje de los votos obtenidos en los comicios del 23N de 2008;
b) Representación apropiada de liderazgos regionales y locales reconocidos de individualidades independientes o militantes de partidos, es decir candidatos naturales;
c) Participación razonable de los partidos políticos y grupos de electores con menor votación en las mencionadas elecciones de 2008, en la integración de las propuestas unitarias, sin exclusión, en atención a su significación para los logros unitarios y electorales planteados;
d) Consideración apropiada de las situaciones de hecho resultantes de la dinámica política y de la nueva realidad del país;
e) Representación adecuada de individualidades independientes, sin militancia partidista o representantes de organizaciones reconocidas de la sociedad civil, cuya selección sea el resultado de la aplicación de los métodos adoptados…”
LOS HECHOS
Es evidente, a la luz del Acuerdo Nacional aprobado, que ambos artículos, esenciales para la selección de las candidaturas, fueron desconocidos arbitrariamente y, en todo caso, aplicados de un modo discrecional y acomodaticio, produciendo como resultado lo siguiente:
1)) Se configura un Acuerdo Nacional absolutamente desproporcionado en el que básicamente tres partidos (AD, UNT y PJ) acaparan la gran mayoría de los cargos a elegir, entendiendo por éstos no sólo y no tanto las postulaciones a cargos principales, ya en listas como en circuitos, sino también, y sobre todo, aquellos que claramente tienen mayores probabilidades de resultar ganadores, de acuerdo con las correlaciones de fuerzas existentes en cada caso.
2)) Importantes liderazgos regionales y locales, militantes o no de partidos políticos, quedan casi totalmente excluidos, o sólo fueron postulados para cargos cuya misión es, a la luz de las realidades político-electorales concretas, la de potenciar el voto lista, cuyo espacio ha sido copado por los representantes de la hegemonía impuesta. Dicho de otra manera, la tarea asignada a los liderazgos regionales es, en la mayoría de los casos, la de “arrastrar” el voto lista para que, quienes no tienen tal liderazgo, pero sí partidos que circunstancialmente obtuvieron más votos en el último proceso electoral, cabalguen sobre el prestigio y/o la popularidad de aquéllos. Obviamente, ni ésta ni el resto de consideraciones que haremos, tienen carácter absoluto. Hay importantes y honrosas excepciones, como las de Andrés Velásquez en Bolívar o la de Alfredo Ramos en Lara; que, sin embargo, contrastan con la suerte vivida por Enrique Mendoza en Miranda, Fabiola Colmenares en Vargas, o José Gregorio “Goyo” Graterol en Falcón; por citar algunos ejemplos.
3) Los sectores independientes, personalidades o representantes de la sociedad civil organizada también se han visto minimizados sensiblemente en su representación, y en muchos casos relegados a jugar un papel análogo al señalado en el punto anterior: al de sectores que prestigian la formula, le dan la sensación de amplitud y contribuyen a potenciar el voto lista. Claro que debemos sentirnos honrados con la presencia de Antonio Ecarri y Mario Villegas en los acuerdos de Caracas, por ejemplo; tanto como debemos lamentar la ausencia de Juan Carlos Apiz o de Rafael Veloz, por citar sólo dos casos; así como rechazar el papel secundario asignado al profesor Verney Frontado en Amazonas, o la exclusión del profesor William Briceño en Mérida.
4) La representación de sectores sociales importantes también se ve reducida a su mínima expresión. Al margen de la militancia o no en partidos, es visible la ausencia casi total de candidatos vinculados al mundo de la intelectualidad, la Academia o el campo cultural; de los gremios profesionales o del campo sindical; del sector que defiende los derechos humanos; del movimiento juvenil o estudiantil; del sector de las mujeres; entre otros. Nuevamente habrá que decir que la crítica no tiene carácter absoluto. Sólo sostenemos que dicha representación no guarda la proporción adecuada, como se desprende del espíritu del reglamento aprobado, y que, en ese contexto, para decirlo con una frase manida, “no están todos los que son ni son todos los que están”.
5) Lo que el reglamento señala como “situaciones de hecho resultantes de la dinámica política y de la nueva realidad del país” (art.2º. Literal D) tampoco fue considerado debidamente. Destaca el caso del movimiento Voluntad Popular liderado por Leopoldo López, cuya significación política y ascendencia sobre la sociedad democrática del país, mas allá de Caracas y Miranda, es un hecho reconocido por todos, pero quienes no habiendo participado en el proceso electoral anterior (por cuanto para entonces no se había constituido como movimiento), no podía ser valorado con base en sus votos. Siendo esto así, y como quiera que el criterio que unilateralmente se impuso fue el de la votación obtenida en el último proceso, sus candidaturas fueron casi todas negadas, con la excepción de Hernán Nuñez (principal nominal) en Sucre o Luis Florido (tercero en lista) en Lara, cuyas postulaciones son ciertamente principales pero no necesariamente salidoras.
6) Los partidos minoritarios integrantes de la MUD, que de conjunto representamos al menos la mitad de la misma (ocho de sus 16 miembros, según el criterio que se pueda aplicar) fueron casi totalmente desconocidos a los efectos de las postulaciones a cargos principales y, aún más, a cargos con alguna posibilidad de ganar. Tal vez para entender mejor la significación de este hecho sea necesario recordar que el proceso de conformación de la MUD es el resultado de la continuidad de esfuerzos unitarios anteriores, y de coincidencias políticas que son independientes de cualquier valoración acerca del tamaño o el peso electoral de las organizaciones representadas. No obstante, no es un hecho fortuito que, con la excepción del caso de Voluntad Popular, por las razones antes señaladas, los restantes 15 partidos somos, a la vez, los de mayor votación en el último proceso electoral. De este modo, la ponderación nacional del voto de cada uno de estos factores, expresamente convenida en atención al literal (c) del artículo 1º, en concordancia con el literal (c) del artículo 2º, claramente permitía que los partidos minoritarios, en justicia y con derecho, se vieran representados con una postulación principal en un espacio con posibilidad ganadora. En realidad, con la sola excepción de Vanguardia Popular, todos los demás habrían podido obtener dos o más postulaciones. No obstante, todos habíamos convenido en que, en aras de la amplitud y para facilitar el cumplimiento de lo pautado en el artículo 2º del reglamento, limitábamos nuestro requerimiento a una sola diputación principal salidora.
La respuesta a tal demanda, correspondiente a la aplicación respetuosa del reglamento acordado, así como a las resoluciones tomadas por la MUD en tal sentido, fue que casi todos (con la excepción de la Causa R, por razones obvias y, con matices distintos, BR) fuimos relegados a cargos suplentes y no todos en espacios que se consideren ganadores. En otras palabras, una alianza que aspira a ganar la mayoría en la Asamblea Nacional (o sea que no está pensando en menos de 83 diputados), no tuvo otra cosa que ofrecer a los partidos minoritarios más que una diputación suplente (suponiendo que todas fueran salidoras, cosa no es cierta), como reconocimiento a su peso electoral, a sus contribuciones al proceso unitario y a la valoración cualitativa de su papel y al de sus líderes en este proceso, mucho más allá de las contingencias electorales, y de cara a una gestión parlamentaria que desde ya se anuncia compleja, difícil y exigente al máximo.
Todo esto se realiza, no obstante, en nombre de la unidad; al mismo tiempo que se reivindica el papel de los partidos en el proceso de recuperación y fortalecimiento de la democracia, en oposición al proyecto totalitario del régimen y a una corriente que, estimulada por los poderes fácticos, insiste en promover la antipolítica y el antipartidismo. Es claro, entonces, que cuando los beneficiarios de este acuerdo nos hablan de fortalecer los partidos, en realidad están hablando de fortalecer sus partidos, mientras buscan cerrarle el paso al desarrollo de otras expresiones políticas que, al menos en nuestro caso, encarnamos intereses sociales distintos.
7) En torno al Parlamento Latinoamericano, a estas alturas hay poco que decir. Sencillamente se produjo un reparto de cuotas exclusivamente entre un grupo de partidos y sin otra consideración que la aplicación discrecional del literal (a) del artículo 2º del reglamento. De esta manera, todo lo aquí señalado en forma desglosada aparece ahora reproducido con agravantes en la integración de una propuesta que, sin embargo, ni siquiera hace justicia plena y coherente al criterio único que fue tomado para decidir el caso.
A estos resultados se llega a través de los siguientes procedimientos:
a) Contra todo el contenido y el espíritu del artículo 1º del reglamento citado (particular mas no excluyentemente el literal C), desconociendo el contenido esencial del artículo 2º del mismo, y aplicando unilateral y excluyentemente el literal (a) de este último, en detrimento de los otros criterios establecidos en los literales que lo desarrolla; se procedió a construir primero acuerdos regionales que fueron copando los espacios disponibles para el armado de la propuesta nacional (la así llamada “maqueta nacional”), siempre en favor de la hegemonía impuesta. De este modo, se fue cerrando la posibilidad de que la MUD, en atención a lo señalado en el citado reglamento, pudiese estructurar una propuesta que, de conjunto, expresara lo más fielmente posible el cumplimiento del compromiso contraído por unanimidad. En pocas palabras, lo que debía ser un “acuerdo integral de alcance nacional” se convirtió en la sumatoria de acuerdos regionales construidos con base en la aplicación de un solo criterio (el de los votos obtenidos en las elecciones regionales de 2008), en desconocimiento consciente del resto de criterios acordados.
Pero este procedimiento no debe confundirse con el necesario espíritu de amplitud y democracia que favoreciera el debate y la consulta con los liderazgos y fuerzas expresados regionalmente, en función de tomar decisiones que al menos se esforzaran al máximo por colocarse en sintonía con el sentimiento, las expectativas y las proposiciones venidas de los distintos estados. No se trataba de auscultar las regiones para verificar los consensos existentes o las tendencias mayoritarias establecidas. Se trataba solo de hacer prevalecer en cada estado la relación de votos registrada en las elecciones de 2008 y de la imposición, por vía de los hechos, de una suerte de poder de veto de tres o cuatro partidos en cada caso, en nombre de sus votos y con apego a la aplicación unilateral del reglamento, por encima de la inmensa mayoría de las organizaciones políticas y/o de la sociedad civil, así como de importantes liderazgos regionales (incluidas en no pocos casos las representaciones regionales de los propios partidos responsables de la situación denunciada). Tales son los casos de Amazonas, Delta Amacuro (no nos referimos a la infeliz iniciativa de proponer a Emery Mata Millán para encabezar la lista en nombre de un mero cálculo electoral, proposición afortunadamente derrotada por la mayoría de la MUD), Vargas, Falcón y Miranda, por solo citar algunos ejemplos.
b) Acompañando coherentemente lo anterior, se procedió a desconocer y disolver, por la vía de los hechos, la Comisión de Acuerdos Unitarios designada por consenso para presentar a la Mesa el proyecto de Acuerdo Nacional a discutir. En su lugar, operó a la sombra la trilogía AD-UNT-PJ, incorporando aleatoriamente a terceros factores según se tratara en cada caso, con la misión de negociar acuerdos bilaterales a destajo, hasta armar un proyecto que les garantizara reunir las condiciones requeridas para aprobar su propuesta. De esta manera, sólo cuando hubieron alcanzado el propósito de imponer su proyecto y reunido 12 votos del total de los 16 factores integrantes de la MUD, procedieron a convocar la reunión de ésta para aplastar literalmente a quienes, por diversos motivos, no convalidamos su actuación. O lo que es lo mismo, quienes no participamos de este proceder fuimos convocados a una reunión cuyos resultados ya se conocían con anterioridad, cuyas resoluciones sustanciales ya habían sido votadas de antemano en un espacio distinto a la Mesa misma como cuerpo colegiado, lo que transformaba tan importante evento en un mero trámite formal, en el que poco importaba lo que pudieran decir aquellos quienes no habían sido tomados en cuenta en sus opiniones, sugerencias y proposiciones.
LAS CONCLUSIONES
Este modo de fraguar el acuerdo es absolutamente irrespetuoso del reglamento aprobado y de las posiciones divergentes expresadas, es violatorio de todas las reglas de funcionamiento y toma de decisiones que nos hemos ido dando en el tiempo, y marcha totalmente a contravía de la manera como hemos ido construyendo, paso a paso, con ponderación y tino, el piso político, estratégico, táctico y programático que sustenta la alianza que resume la MUD. El mismo vulnera sensiblemente la confianza necesaria para la acción coherente y cohesionada que demanda el tenor de los compromisos adquiridos con el país y el pueblo venezolanos, e introduce un denso manto de dudas acerca de la transparencia, la responsabilidad y la consecuencia de los artífices de dicho Acuerdo respecto de importantes y trascendentes compromisos a futuro, en el contexto de lo señalado en el primer aparte de este documento.
No tenemos dudas acerca de que una interpretación y aplicación más integral del reglamento, asociada a la necesaria amplitud y flexibilidad, a la voluntad política de resolver positivamente los problemas, y a procedimientos más institucionales y transparentes, habrían podido evitar el resultado señalado, así como las consecuencias negativas derivadas de todo esto.
Tampoco tenemos dudas de que en el fondo del proceder impuesto está la reiteración en viejas formas de hacer la política que el país ha venido rechazando desde hace largo tiempo, así como el propósito de reforzar la hegemonía de una política y de unos factores que procuran cabalgar sobre el sentimiento unitario que abriga en la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, en función de sacar provecho a su favor. De este modo, se intenta consagrar relaciones asimétricas existentes y otorgar ventajas a quienes de antemano ya la tienen, en detrimento de la aspiración legítima de otros que hemos dado importantes contribuciones en todos los terrenos al desenmascaramiento y enfrentamiento al régimen chavista, al armado delicado y complejo del proceso unitario del cual la MUD una resultante, y al diseño de las políticas que nos han permitido llegar hasta el punto en que hoy nos hallamos colocado.
Al señalar lo anterior, reiteramos lo que al respecto hemos sostenido con franqueza y consecuencia: no ignoramos las asimetrías y desproporciones existentes, ni las explicamos como el producto de métodos subalternos o procedimientos fraudulentos. La fortaleza de unos y la debilidad de otros es la resultante del proceso de gestación y desarrollo de cada proyecto político, así como de la implementación de las políticas y los esfuerzos que cada quien empeña en proporción a sus posibilidades y capacidades, lo cual es, por lo demás, legítimo. La hegemonía que de ello deriva, a su vez, es el producto de correlaciones de fuerzas configuradas a partir de múltiples y complejas variables que favorecen el éxito o fracaso de los distintos factores que convergen en el torrente unitario. De acuerdo con esto, no nos anima la irracionalidad, la pérdida del sentido de las realidades, el desconocimiento de las correlaciones de fuerzas existentes o la intención de empañar los éxitos o minar los acuerdos unitarios. Nos inspira la franqueza para señalar los errores cometidos; la firmeza para denunciar las injusticias o los atropellos; la consecuencia para defender los acuerdos establecidos y las reglas de juego convenidas; y, sobre todo, el compromiso adquirido con el país y el pueblo venezolanos de promover una nueva manera de hacer la política, asociada a la democracia, la amplitud y la inclusión, a la transparencia en el modo de practicarla, y a la reivindicación del contenido profundamente ético, social y democrático que se requiere para su ejercicio cotidiano.
EL VOTO SALVADO
Por todo lo anteriormente expuesto, la representación del partido Vanguardia Popular ante la Mesa de Unidad Democrática, en reivindicación de la autonomía política que nos asiste y que es consustancial a todos los factores de la alianza; en uso del legítimo derecho que tenemos a manifestar formalmente nuestros desacuerdos con las decisiones que eventualmente tome aquélla; y en apego total y coherente al espíritu y letra de los reglamentos acordados para resolver la materia que nos ocupa; queremos dejar constancia de nuestro VOTO SALVADO en la decisión tomada por la MUD respecto de la postulación de los candidatos y candidatas de la alternativa democrática para la Asamblea Nacional y el Parlamento Latinoamericano. De esta manera, queremos poner a resguardo nuestra responsabilidad frente a las implicaciones que dicha decisión envuelve, así como ante sus eventuales consecuencias políticas y electorales a futuro; en razón de lo cual demandamos rectificación urgente de los errores e injusticias cometidos y el restablecimiento inmediato de los acuerdos, normas y procedimientos que han servido de soporte a la edificación del proceso unitario y a la toma de decisiones en los asuntos fundamentales que nos comprometen colectivamente frente al país.
Al asumir con sentido de responsabilidad y firmeza dicha posición, queremos reiterar nuestro indeclinable compromiso con los propósitos y razones que dieron origen a la MUD; con la estrategia democrática diseñada colectivamente en su seno; con las políticas, programas y planes que del mismo modo hemos ido discutiendo y acordando; así como también con los reclamos y esperanzas de un pueblo que cada vez más se desencanta de la estafa chavista cuyo fracaso se ha puesto de manifiesto, frente a lo cual exige y espera del liderazgo democrático una actuación distinta a las funestas prácticas políticas del presente y del pasado.
Caracas, 3 de mayo de 2010
Por el Secretariado Político Nacional de Vanguardia Popular
Rafael Venegas Johanna Pacheco
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