Foto: WILLIAM DIAZ
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Muy grave los asesinatos
de 5 waraos en la comunidad de Warakatan, hecho cometido presuntamente por una
banda de guyaneses que desde hace años trafican con drogas, gasolina y productos
de consumo, ampliamente conocidos en la zona como “Los Kajaros”, quienes actúan
en los caños del Delta del Orinoco con absoluta libertad, por lo que mueve a
suspicacia el hecho que no hayan sido interceptados por los efectivos de la
Fuerza Armada Nacional y policiales acantonados en la región del Bajo Delta,
aunado al manto de silencio que el gobierno de Lizeta Hernández ordenó, cuyo
propósito sería actuar concomitantemente con la estrategia de Política Exterior
del Gobierno Nacional de no crear roces con los Estados miembros de la CARICOM,
del cual Guayana es uno de los más emblemáticos debido al contencioso
territorial con Venezuela.
El asesinato de 5 waraos en situaciones
donde el delito, el tráfico de drogas, contrabando de gasolina y de otros insumos
son los factores determinantes, nos mueve a la reflexión ante un gobierno que
se promueve como el más incluyente del pueblo warao, el que más defiende los
intereses de nuestros indígenas, y el que supuestamente más beneficio le ha
otorgado, aunque sabemos que la demagogia y la manipulación es la características
de los ineficientes.
La orden vil de la ciudadana gobernadora
Lizeta Hernández de silenciar los 5 asesinatos de miembros de la etnia warao,
bien por una estrategia nacional, o sólo para tapar otro hecho delictivo que contradice
la propaganda oficial de Un Delta Seguro, nos lleva directamente al 7 de
octubre de este año, cuando los deltanos mayoritariamente decidamos enviar un
mensaje de cambio con la votación masiva para Henrique Capriles Rdonski, cuyo
plan de seguridad establece que los caños del Delta y la desembocadura del
Orinoco al Atlántico nuevamente será un área de interés vital para Venezuela,
tanto en los aspectos de geoestratégicos y de seguridad como de desarrollo
productivo para que nuestros indígenas tengan un ingreso estable y seguro que
los aleje de las mafias que hoy actúan alegremente en el Delta bajo la mirada
complaciente de un gobierno fracasado en darle tranquilidad al pueblo.
Los cuerpos de seguridad del Estado así
como el Ministerio Público y los tribunales penales deben investigar los
asesinatos de 5 ciudadanos en la comunidad de Warakatan e informar a la opinión
pública y a los familiares de los asesinados sobre los pormenores del hecho,
así como intervenir militar y policialmente en el Bajo y Medio Delta para
evitar que nuestra territorio siga siendo tierra de nadie, sin control de
ningún tipo por parte del Estado, donde las mafias venezolanas y extranjeras
tengan su caldo de cultivo para ejercer las actividades ilícitas que todos
sabemos.
La principal responsable es la ciudadana
gobernadora, Lizeta Hernández, por ser esa funcionaria pública de velar por el
cumplimiento de todas sus competencias constitucionales y legales que permita
darle tranquilidad al pueblo deltano en su conjunto, con medidas efectivas,
técnicas y profesionales, muy alejada de la propaganda que sólo busca manipular
y desinformar, y ahora pretende silenciar los hechos de violencia, bien
ordenando la no divulgación de los mismos, ejerciendo presión judicial a
comunicadores sociales independientes o usando la distribución de la publicidad
gubernamental como mecanismo para manipular y someter a los medios deltanos,
además de otras acciones que estamos corroborando y oportunamente revelaremos a
los deltanos.
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