“CUENTAS CLARAS” DEL GOBIERNO DELTANO SON CUENTAS OSCURAS EN COMUNIDAD DE JANOKO JIDO

Este reportaje apareció publicado en Notidiario el 23 de enero de 2010, hace un año le prometieron a los waraos que viven el desperdicio la reubicacion en el sector que se llamaría "JANOKO JIDO", despúes de un año fuimos al lugar, las viviendas no han sido construídas y obviamente ningún espacio productivo ni pensarlo. El CLEDA está integrado por legisladores que no ejercen sus funciones. Cortesía Notidiario.

El 23 de enero de 2010, la ciudadana gobernadora prometió la reubicación y construcción de viviendas para las familias indígenas que viven el desperdicio de la ciudad de Tucupita. Reportaje cortesía Notidiario de fecha 23/01/2010

El material de construcción está abandonado desde hace meses en la que se llamaría comunidad de "Janoko Jido". Foto: WILLIAM DIAZ

Así se encuentra la comunidad de Janoko Jido, la mayoría de las familias warao regresaron al desperdicio por hambre y sed, según nos contaron. Foto: WILLIAM DIAZ

Constaten como se encuentran las puertas y ventanas de las viviendas prometidas, esta es una prueba de la corrupción, la desidia y la ineficiencia del gobierno de Lizeta Hernández. Foto: WILLIAM DIAZ

Así engañan al Delta, y los órganos del Estado como la Contraloría General del Estado ni se inmuta ante este hecho grave de la ciudadana gobernadora del Delta Amacuro. Foto: WILLIAM DIAZ

Los redactores de este portal estamos profundamnet sorprendidos ante los hechos encontrados en la comunidad warao de Janoko Jido, en las adyacencias de Los Guires, vía Palo Blanco, “lo que demuestra que las supuestas “cuentas claras” de la ciudadana gobernadora son sólo claras para los aprovechadores del erario regional, mientras los waraos que viven en el desperdicio, después de un año de promesas, las viviendas y los supuestos espacios productivos fueron a parar a los bolsillos de quienes hicieron el negocio de las compras de materiales hoy abandonados en aquel alejado e inhóspito lugar.

En diciembre de 2009 estuvimos en las inmediaciones del vertedero de la ciudad de Tucupita, conocido como “el desperdicio”, acompañado por personal invitado por nosotros del PNUD y algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos, para constatar la miseria en que viven los waraos allí y proceder a tomar nota de las graves violaciones de los derechos humanos a la etnia mayoritaria del Delta. La realidad de los waraos que viven en el desperdicio fue denunciada ante el mundo, fuimos invitados a varios centros de defensa de los derechos humanos para exponer esa situación, y la opinión pública deltana una vez más fue informada, así como exhortamos al gobierno regional y municipal a emprender medidas efectivas para paliar el crimen que se comete allí.

Hace exactamente un año, el 23 de enero de 2010, un reportaje del diario Notidiario aparecido en las páginas centrales, informó que la ciudadana gobernadora Lizeta Hernández, junto a funcionarios públicos, fueron al desperdicio y desde el lugar declaró que no pondría pañitos calientes a los habitantes del sector, y presuntamente se ordenó reubicar a 17 familias allí asentadas hacia el sector Janoko Jido, con la promesa de construirles viviendas y crearles espacios productivos para la subsistencia, pero lo encontrado por nosotros en el sector, después de un año, es desalentador debido a que la mayoría de las familias waraos, por el hambre y la sed, regresaron al desperdicio y las que quedaron en el inhóspito lugar luchan denodadamente para lograr que se construyan lo que le prometieron.

Este hecho y muchos más encontrados en la geografía deltana es prueba irrefutable de la profunda ineficiencia, desidia e incompetencia del gobierno regional encabezado por Lizeta Hernández y su refrito Gabinete Ejecutivo; muestra la complicidad indudable del Consejo Legislativo del Estado, cuyos representantes indígenas son sólo fichas del PSUV, y los demás miembros son tan inútiles como los legisladores indígenas, partido oficial ahora controlado en su totalidad por la ciudadana Yelitze Santaella para desgracia de la ciudadana gobernadora Lizeta Hernández; y el silencio cómplice de los demás órganos nacionales, estadales y municipales, así como los poderes del Estado Delta Amacuro, como la Contraloría General del Estado, nos hace concluir que el pueblo deltano está a merced de una camarilla que sólo abulta sus bolsillos, mientras el pueblo, como los que están en Janoko Jido, sufren las consecuencias negativas de un gobierno corrupto, despilfarrador del erario regional e inservible a los intereses de nuestro noble y digno pueblo.