Al comienzo de la tarde de hoy 25 de febrero conocimos de la expulsión que fue objeto el señor Hugo Salazar conductor de un programa transmitido todos los jueves por la radio Orinoco 92.9 FM de la ciudad de Tucupita. La información conocida es que las presiones se originaron debido a la comparacencia en la mañana de hoy del internacionalista Félix González, quien hizo importantes revelaciones sobre los casos de corrupción del gobierno deltano.
Lamentamos que nuevamente la democracia venezolana, la libertad de expresión, la libre discusión de los problemas de los deltanos se vea cercenada por la acción abusiva de una gobernadora cuya capacidad es un problema para encarar las calamidades por las que atraviesa el pueblo digno y noble del Delta. Se cierra una ventana de la libertad de expresión y se hace con la intención de intimidar a las demás emisoras para que no nos permitan emitir nuestras opiniones y comentarios, así como nuestras contra la camarilla corrupta y depredadora que gobierna el Delta.
La acción de limitar esta ventana de la democracia por parte de esta oprobiosa decisión de presionar para que se castigue a un conductor que nada tiene que ver con nuestras denuncias es a causa de los comentarios vertidos de que nos resulta sorprendente la respuesta parcial que la gobernadora Lizeta Hernández intentó hacer el pasado jueves 18 de febrero a nuestra denuncia efectuada ante la Contraloría General de la República, respecto al sospechoso contrato, que según fue entregado en partes entre varias ofertas, que lo dudamos.
En primer lugar, queremos resaltar al pueblo deltano que la señora gobernadora Lizeta Hernández OIMITIO DELIBERADAMENTE el monto del contrato, en el entendido que de ser cierta su afirmación según la cual la cantidad de juguetes adquiridos fue de 91.944 unidades, incluyendo bicicletas, contradiciendo lo que ella misma publicó el 24 de diciembre de 2009 en Notidiario (pág 22-Sucesos), donde informó de más de 100 mil juguetes estaban siendo repartidos, lo que nos lleva a concluir, para justificar un CONCURSO CERRADO como lo estipula la Ley de Contrataciones Públicas, cada juguete debió costar aproximadamente Bs. F. 5, porque el concurso cerrado procede cuando el contrato a ser otorgado es por un precio estimado superior a 5 mil unidades tributarias, y hasta 20 mil unidades tributarias (para entonces la unidad tributaria estaba en Bs. F. 55). Como el contrato otorgado excede las 20 mil unidades tributarias porque es improbable que cada juguete tuviera un precio aproximado de Bs. F. 5, la señora gobernadora debió convocar, a través de la Comisión de Contrataciones Publicas, un CONCURSO ABIERTO con las condiciones y garantías exigidas por la ley.
Por decir esto públicamente, ademas de las menciones que hicimos, como el asfaltado de la clínica, quién pagó ese contrato; la obra efectuada para un desague de aguas negras en calle Pativilca, que beneficia exclusivamente el town house de Yelitza Santaella, cuya propaganda intentó engañar a los vecinos diciendoles que esa obra sería para su beneficio, lo que resultó una gran mentira de mafias. Pero tambien el alumbrado de parte de la avenida Orinoco, que presuntamente costó 3.500 Bs de los viejos; el caso de la plaza de la Mujer con tres años de construcción y varios contratos a su haber; el caso del relleno de los terrenos de la avenida Orinoco, cuyo primer contrato no fue ejecutado eficientemente y se recurrió a un segundo contrato para corregir las fallas del primer y no hay responsable alguno porque la complicidad es grave en el Delta, así como, el contrato que le otorgaron al hijo de Yelitza Santaella en el P-6 de la Isla de Manmitos, etc, etc, etc.
Por decir de estos hechos de presuntas irregularidades administrativas FUE DEFENESTRADO DE SU PROGRAMA EN ORINOCO 92.9 FM EL VALIENTE HUGO SALAZAR. OTRO HECHO DE CORRUPCION CON EL CERCENAMIENTO DE LAS LIBERTADES ESTIPULADAS EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL.
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