Ante la nota de prensa de la Jueza Rectora y Encargada del Circuito
Judicial Penal del Delta Amacuro, ciudadana Norisol Moreno Romero, publicada en
Notidiario el 14 de agosto de 2012, Sucesos, pág 31, en la cual informó que solicitará
al Ministerio Público investigar mi pronunciamiento en los medios sobre un
supuesto Comité de Vivienda y Hábitat, denuncia nuestra producto de llamados de
deltanos humildes, y en la que se señaló
a una presunta funcionaria judicial, me acusa de incurrir en injuria grave al
Poder Judicial por el hecho de hacer una mención particular.
Es
dable indicar al pueblo deltano y a la ciudadana Jueza Rectora, que de nuestras
declaraciones del 10 de agosto se desprende un cuantificador particular y no
universal contra el Poder Judicial, como erróneamente lo aprecia la ciudadana
Jueza Rectora. Si revisa objetivamente nuestra nota de prensa, en ella se evidencia
la inexistencia de conceptos denigrantes al Poder Judicial, Poder al que
reconocemos y respetamos por ser parte de los Poderes Públicos del Estado
venezolano, integrado mayoritariamente por jueces y funcionarios judiciales de
indudable reputación ética y profesional, pese a lo dicho por el ex Magistrado
Eladio Aponte Aponte, quien confesó que en la Vicepresidencia Ejecutiva se
efectuaban reuniones cada viernes con miembros de alto nivel del Poder
Judicial, para evaluar decisiones judiciales que presuntamente afectarían a
ciudadano venezolanos, y adicionalmente indicó, luego de su salida del país,
que las leyes en Venezuela eran plastilinas.
Lamento las
declaraciones de la ciudadana Jueza Rectora porque denota persecución contra
ciudadanos decentes, honrados y adversarios políticos de la diputada Yelitze
Santaella, no obstante, la honorable Magistrada omite solicitarle al Ministerio
Público la investigación de los hechos que mencionamos, que por cierto, tanto
la ciudadana gobernadora como el ciudadano alcalde de Tucupita días antes
ofrecieron una rueda de prensa alertando a los deltanos de la inexistencia de
este tal comité de vivienda y hábitat, publicado en Notidiario, el 9 de agosto
de 2012, información, página 3, donde ambos funcionarios exhortan al pueblo
deltano a no dejarse engañar, alegaron estafa y recomendaron acudir al SEBIN
para las denuncias correspondientes. Adicionalmente, a través de nota de prensa
publicada en Notidiario el 26 de julio de 2012, información, página 5, el
ciudadano Gilberto Zamora, también alertó sobre el particular.
De modo, que es público, notorio y
comunicacional la situación irregular de este presunto Comité, pero la Jueza
Rectora la emprende en contra nuestra con propósitos inconfesables, aunque ya
nos hemos formulado las hipótesis correspondientes, además de evidenciar la
pérdida de la ecuanimidad que los jueces deben mostrar en sus actuaciones
públicas cuando, cual asesora de los presuntos involucrados, los alienta a que
emprendan denuncias en contra nuestra.
Adicionalmente, la Jueza Rectora anuló su condición de
árbitro imparcial cuando afirmó que debo ser “investigado y sancionado conforme
a las leyes penales, por los delitos que ha incurrido”, es decir la Honorable Jueza
Rectora perdió la ponderación cuando, sin el debido proceso establecido en
nuestra Constitución y los Tratados suscritos y ratificados por Venezuela,
procede a dictar sentencia en contra nuestra.
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