Las declaraciones de la presidenta del Instituto Municipal de Apoyo al Poder Popular, bachiller Irma Herrera, aparecidas en Notidiario el lunes pasado 5 de septiembre de 2011 es una confesión de la presunta malversación de fondos públicos al decir que usó parte de los 860 millones para reparar la casa comunal, construir desagues de aguas negras, compró bolsas de comida, enseres domésticos para donaciones, etc. A confesión de parte relevo de pruebas. Leímos las declaraciones de la presidenta del Instituto Municipal de Apoyo al Poder Popular de la Alcaldía de Tucupita, ciudadana Irma Herrera, aparecidas en Notidiario el pasado lunes 5 de septiembre de 2011, en respuesta a las nuestras también reseñadas por ese diario respecto a la solicitud que le hicimos para rendir cuentas ante las ciudadanas y ciudadanos del sector II de la Perimetral con relación a los 860 millones de bolívares, otorgados en sus manos por el presidente Chávez el 15 de septiembre de 2008. En sentido, debemos destacar que efectivamente la ciudadana Irma Herrera sí recibió el monto mencionado, dicho por ella misma, pero además confesó que de su actuación como adminisradora de esos fondos se configuraría el presunto delito de MALVERSACION DE FONDOS PUBLICOS.
En primer lugar, debemos aclararle a la ciudadana Irma Herrera la diferencia que existe entre los términos jurídicos "denuncia" y "acusación", los cuales son muy distintos a la "exhortación pública" que fue lo que realmente hicimos con nuestras declaraciones a Notidiario.
Señora Herrera la denuncia penal que ejerce una persona es un derecho y garantía constitucional, cuando se denuncia a alguien ante el órgano competente, en este caso es el Ministerio Público (artículos 285, 286, 287, numeral 1, del COPP), por la presunta comisión de un hecho punible y luego la Fiscalía determina que no hubo delito no existe ningún tipo de responsabilidad para el denunciante, siempre que este no haya actuado de mala fe o existe falsedad. En lo que respecta a nosotros nos reservamos el derecho de acudir al Ministerio Público oportunamente para solicitar una investigación para determinar si se actuó apegado a la ley.
Por otra parte, debo aclararle a la presidenta del Instituto Municipal de Apoyo al Poder Popular lo que es una "acusación", en ese sentido cuando un sujeto acusa a otro de la comisión de un hecho punible, es decir señala que aquel lo cometió, y después la Fiscalía declara que no se incurrió en delito, en este caso si habría la posibilidad de exigir responsabilidad al acusador, es decir de acusador podría convertirse en acusado, por no haber demostrado los hechos criminales atribuidos a un individuo en particular. En este caso, jamás hemos acusado a la ciudadana Irma Herrera por lo que mal podría ella y los supuestos miembros de la comunidad de ejercer acción penal por una acusación que no existe.
Aclarado los puntos anteriores, debemos indicar que lo aparecido en Notidiario fue una exhortación pública para que la ciudadana Irma Herrera procediera a rendir cuentas en el caso de los Bs. 860 millones, en cuya declaración a ese diario omitió deliberadamente algún tipo de evidencia que demostrara públicamente la realización de la rendición de cuenta como lo dispone la ley, y sólo se limitó llevar a unos supuestos miembros de la comunidad que nada nos dice e INCURRIR EN OTRO PRESUNTO DELITO TIPIFICADO EN LA LEY CONTRA LA CORRUPCION COMO SERIA LA MALVERSACION DE FONDOS PUBLICOS.
De las declaraciones dadas a Notidiario el pasado lunes por la ciudadana Irma Herrera, se desprende la presunción de que su actuación para administrar los 860 millones estuvo desapegada del proyecto original como lo confesó. Es público, notorio y comunicacional que la presidenta del Instituto Municipal de la Alcaldía de Tucupita confesó que una suma de los 860 millones fueron desviados para financiar actividades distintas a las comprendidas en el proyecto original, cuando señaló que también reparó la casa comunal, construyó desagues de aguas negras, compró bolsas de comida, y enseres domésticos para donación, evidenciando una ignorancia supina de los controles legales para evitar que los fondos destinados a un fin no sean usados discresionalmente por los empleados públicos o administradores de fondos públicos, en actividades distintas al proyecto original.
Visto lo anterior, deseamos informar a nuestros lectores que estamos recabando la mayor cantidad posible de elementos, aunado a la confesión pública de MALVERSACION DE FONDOS PUBLICOS por parte de la ciudadana Irma Herrera, e interpondremos una denuncia ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República a los fines de que se determine las presuntas irregularidades que se derivan de estos hechos.
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