Anoche la ciudadana
gobernadora del Delta Amacuro festejó el cumpleaños de su padre, el eminente
médico Simplicio Hernández, fiesta que se efectuó en la residencia del
progenitor de la primera mandataria deltana al final de la calle Bolívar de la
ciudad de Tucupita.
Ciertamente el cumpleaños de
Simplicio Hernández sería la ocasión propicia para mostrar la felicidad de la
familia por el regreso del médico al seno del hogar, después de ser víctima de
uno de los crímenes más abominables como el secuestro, pero también son
execrables el asesinato a mansalva de los ciudadanos de a pie, el robo, el
hurto, el abigeato, la estafa al pueblo, etc. El asalto al erario
regional, la falta transparencia en la administración pública deltana también
son repudiables por las consecuencias negativas, no en una persona en particular o
una familia determinada, sino por la incidencia negativa al colectivo deltano,
por lo que la corrupción es aún mas negativa y marca el destino de un pueblo, y
decimos esto porque delito es delito, y los delincuentes deben ser castigados
con todo el peso de la Ley, así sean de cuello blanco.
Hacemos este editorial no
por la celebración del cumpleaños de Simplicio Hernández, a quien le hacemos
extensivas nuestras felicitaciones, sino por la demostración del abuso de poder
que se observó en las afuera de la residencia del médico, con una presencia
militar desproporcionada, léase la Guardia Nacional, mal llamada
"Bolivariana" debido que la Constitución Nacional no la denomina así,
mientras el pueblo deltano, pese a los anuncios de llegada de patrullas, etc,
sigue expuesta a la ola de inseguridad que carcome los cimientos de la
tranquilidad de nuestro pueblo.
Pensamos que debe haber un
equilibrio entre los derechos de los deltanos y los derechos de la ciudadana
gobernadora y sus familiares, debido que los costos de seguridad salen de
nuestros bolsillos por el pago de los impuestos, y el ciudadano de a pie debe
ser vigilado en los mismos términos que lo desplegado anoche en la residencia
del padre de la gobernadora. Entendemos que los funcionarios públicos y sus
familiares más cercanos deben ser objeto de protección, en esto las leyes son
firmes porque la protección no es extensiva a todo el núcleo familiar, sino a
los más directos que incluye los padres del funcionario público, pero también
demandamos que la protección sea más efectiva al pueblo deltano, destino final
de todas las políticas públicas del Estado sin discriminación alguna, la
protección del pueblo ante las amenazas que se ciernen sobre los ciudadanos, y
en esto la ciudadana gobernadora, alias "lizetica", está aplazada y
su puntuación es cero dos.
